Por: Elpais.com.co
El presidente Juan Manuel Santos indicó ayer que su gobierno busca las herramientas jurídicas que sustenten una suspensión de las elecciones atípicas del 23 enero, en las que se elegiría a un nuevo gobernador del Valle, debido a la gravedad de los efectos de la ola invernal.
“Yo creo que elecciones no va a haber. Estamos en la parte jurídica. Creo que sí hay motivos para suspender esas elecciones”, aseguró el presidente Santos.
Según el Jefe de Estado, la idea es buscar, amparados en la emergencia social, económica y ecológica, una vía para dejar sin piso el decreto que convocó las elecciones atípicas en el Valle.
Desde hace dos semanas sectores de los partidos Verde, la U y el Polo Democrático en el Valle vienen solicitándole al Gobierno Nacional suspender las elecciones y destinar los $18.000 millones que constarían los comicios a atender los damnificados.
A esas voces se sumaron las del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la del presidente del Partido de la U, Juan Lozano, quienes también consideraron que los comicios no se deben realizar en las circunstancias que vive el Valle.
No obstante, la registradora delegada del Valle, Esperanza Mejía, indicó que ya parte de los recursos para estas elecciones están comprometidos porque ya se ordenó el kit electoral y está lista la logística para el preconteo.
No están de acuerdo
Luego de conocido el anuncio del Presidente, los candidatos al primer cargo del Valle aseguraron entender sus razones, pero dijeron no estar de acuerdo con la suspensión.
El candidato liberal, Jorge Homero Giraldo, dijo que respeta la decisión, pero opinó que “no se puede violar el principio constitucional del derecho al voto y de elegir y ser elegido. Aplazar o suspender las elecciones generaría más trauma. Además, la plata de las elecciones ya se ha invertido y hay firmados contratos para la organización de los comicios.
“Si el Gobierno quiere ayudar al Valle que haga un anticipo de las regalías y no suspenda las elecciones”, dijo Giraldo.
El candidato Víctor Julio González indicó que respeta la decisión del Gobierno Nacional, si está sustentada en la ley.
“Esta misma situación en otro departamento no se presentaría. Creo que hemos perdido credibilidad, confianza y liderazgo. Debemos solicitar unidos el respeto que merecemos los vallecaucanos”, señaló González, quien ayer inscribió su candidatura, a través de firmas.
Por su parte el gobernador encargado del Valle, Francisco Lourido, señaló que aún falta conocer los términos contenidos en el decreto que emita el Gobierno.
“Hay que saber como queda el decreto”, dijo Lourido, quien aseguró que seguirá trabajando en la recuperación del Valle de los daños ocasionados por el invierno.
Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó su complacencia a través de Twitter. “Se impuso el sentido común y la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en la recuperación del Valle del Cauca”.
El senador Roy Barreras manifestó que “como vallecaucano agradezco mucho al presidente Santos no hacer elecciones atípicas. Eran un desperdicio de dinero y un despropósito en esta calamidad invernal”.
El representante a la Cámara Heriberto Sanabria, quien apoya a Victor Julio González, aseguró que “espero que Santos tenga suficiente soporte legal para tomar la decisión y, de ser así, respetarla y acatarla. “Si la decisión está ajustada a la Constitución y la situación de emergencia lo amerita, el Presidente cuenta con todo nuestro respaldo en esa decisión”.
El senador Carlos Fernando Motoa dijo entender las razones de conveniencia para suspender las elecciones, pero opinó que “en un estado de excepción se pueden suspender o derogar leyes ordinarias, más no normas constitucionales”.
Germán Jaramillo, gerente del Comité Intergremial del Valle, también dijo apoyar a Santos en su decisión. “De alguna manera recoge el clamor de la opinión pública del Valle, de la cual hacen parte los gremios y el sector empresarial. Creemos que esos recursos merecen mejor suerte para atender los problemas que sufren la región y el país. Además el decreto que convocó a elecciones tenía serias dudas jurídicas”.
Aunque no se conoce aún el decreto con el que el Gobierno suspendería las elecciones, ya surge el debate jurídico.
El abogado Alberto Ramos explicó que los estados de excepción son transitorios y que la Constitución los regula para no romper el Estado de Derecho y evitar que se gobierne por decreto.
“Un Estado de Excepción puede suspender para poder ejecutar, pero no cancelar o derogar y las elecciones se suspenden, pero se tendrán que hacer. El decreto no podrá decir que no habrá elecciones”, manifestó Ramos.
El abogado Gustavo Prado señaló que el proceso se puede suspender, pero no hay manera de cancelarlo por el invierno, pues constitucionalmente la única razón para hacerlo es por perturbación del orden público.
Ante el clamor de diversos sectores políticos y empresariales del Valle del Cauca para que no se realicen las elecciones atípicas de Gobernador, y destinar los recursos a atender la emergencia invernal, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos analiza la viabilidad de suspender los comicios.
Así lo reconoció el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien admitió que el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, planteó en un Consejo de Ministros la idea, pero aún es incierto si la declaratoria del Estado de Excepción permita la expedición de un decreto en esa dirección.
“No se ha tomado aún una decisión. Se está estudiando el tema. No parece en principio tan sencillo, que en virtud de la emergencia se pueda dictar un decreto aplazando las elecciones, pero el Gobierno lo está estudiando”, indicó el ministro Vargas Lleras.
En una encuesta realizada por la firma JPG, y publicada ayer por este diario, el 90% de los consultados se mostró partidario de suspender esos comicios. Precisamente, el 45% de quienes apoyan esa medida considera que es mejor destinar la plata que se invertirá en esos comicios a ayudar a los damnificados.
Alfonso Portela, registrador nacional delegado para lo electoral, aseguró que es el Estado el que está facultado para suspender el evento electoral y que el Gobierno debe valorar si es prudente aplazarlo, teniendo en cuenta la emergencia que vive el departamento.
“La Registraduría lo único que hace es acatar la decisión porque no tiene competencia para decir que se aplacen o no los comicios, a menos que el evento afectara directamente la organización misma del proceso. Pero en este momento no hay una situación de ese estilo y por eso la Registraduría Nacional continúa con la actividad hasta tanto reciba una orden contraria”, indicó Portela.
Lo jurídico Vs. lo real
Pese a los múltiples llamados para suspender las elecciones y destinar esos recursos a la atención de la emergencia invernal, para los especialistas en el tema constitucional no será fácil que el Gobierno Nacional encuentre un soporte jurídico que le permita suspender la convocatoria a elecciones.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry debe haber conexidad entre la circunstancia de desastre y la medida legislativa porque el decreto de emergencia puede afectar cualquier rubro presupuestal o autorizar traslados de recursos, pero es difícil que puedan quitar dineros afectando funciones esenciales de los órganos constitucionales.
“Aunque es lógico que uno tiene que darle prioridad al desastre más que a unas elecciones extraordinarias, usted no va a quitarle dinero a la Fuerza Pública, ni a las ramas Judicial o Legislativa, o de la Registraduría, Contraloría o Procuraduría, para atender desastres, sino que toma de otros recursos para atender la situación excepcional afectando lo menos posible el funcionamiento básico del Estado”, dijo el analista Charry.
En el mismo sentido se pronunció el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien aseguró que no cree que se puedan suspender las elecciones en el Valle por la emergencia porque el concepto es muy diferente del que implica la catástrofe o la situación de calamidad pública.
“El Gobierno Nacional no tendría justificación para modificar un proceso electoral, cuando los recursos se pueden obtener por otros mecanismos que no afecten la realización de los comicios”, indicó Hernández, quien agregó que “el Artículo 215 de la Constitución, señala que las decisiones tienen que tener relación directa, exclusiva y específica con las causas de la perturbación y en este caso no la hay”.
El también analista Alberto Ramos dijo que si el Presidente toma una medida contrariando la Constitución, podría incurrir en un delito, en falta disciplinaria o ser objeto de demandas de orden contencioso administrativo.
“En el caso de las elecciones el Gobierno no puede desconocerlas ni anularlas ni revocarlas porque los estados de excepción no permiten a ningún presidente derogar las normas constitucionales y el Artículo 303 dice que habrá elecciones si faltare más de 18 meses para acabarse el período”, dijo Ramos.
Consideran los analistas que esta es una muestra de que no siempre lo legal va acorde con la realidad y las necesidades de la comunidad.
